Con el incremento, avalado el pasado viernes por la Legislatura Municipal, la tasa para la propiedad mueble llega al 7.33% y la inmueble al 9.33%. Esto representa dos puntos porcentuales de aumento en total, explicó la alcaldesa ponceña, María “Mayita” Meléndez.

Los municipios de Guayama, Caguas, Vega Baja y Barceloneta también decretaron recientemente aumentos en estos renglones.

En el caso de Guayama, la tasa sobre la propiedad mueble subió de 6.33% a 8.08% y la inmueble de 8.33% a 10.08%.

Aunque se trata de tasas relativamente baja comparadas con el resto de los municipios, el aumento cayó como un balde de agua fría entre los comerciantes ponceños, quienes coincidieron en que el alza complica aún más la apretada situación económica del País.

Alarmados los comerciantes
“Ellos lo aumentan como si la economía estuviera buena y los comercios tuvieran dinero de sobra para pagar tanto. Y eso, que uno no sólo lo paga por el negocio, sino que esto también afecta en lo personal porque también hay que pagarlo por la casa”, dijo Jennifer González, propietaria de la tienda Klique Fashion, en el Paseo Atocha.

Roberto Torres, encargado de la Joyería Román, señaló que aun cuando el comercio está exento de este tipo de pago, recibe los efectos indirectos en las ventas ya que los consumidores tienen menos dinero para gastar.

“Siempre que hay aumentos en las contribuciones afecta tanto al comercio como a los consumidores. Siempre se ve un efecto, ya sea de una manera directa o indirecta”, dijo Torres.

La alcaldesa justificó los aumentos alegando que con los recaudos que se generen, estimados en $6.13 millones, podrán aumentar el margen prestatario que otorga a los ayuntamientos el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Básicamente, ese fondo será la garantía de repago de la deuda que emitirán para financiar obra permanente, señaló la funcionaria.

Meléndez alegó que el alza sólo afectará el 42% de los 47,538 contribuyentes ponceños de propiedad inmueble y el 61% de los 3,695 que se estima pagan gravámenes por la propiedad mueble.

“Esto no afecta a la mayoría de los ciudadanos. Nosotros entendemos que el impacto será mínimo”, sostuvo Meléndez.

La primera ejecutiva municipal señaló que si no se decretaba el alza, se tenía que financiar esa obra con el fondo general, lo que complicaría la situación fiscal del municipio, al punto que se tendría que contemplar el despido de empleados.

Al presente el municipio ponceño enfrenta un balance deficitario de $6.1 millones, cifra comparable con la deuda que mantiene el Gobierno estatal con el ayuntamiento.

Fuente: El Nuevo Dia