Esa será la realidad en Ponce si la administración municipal no consigue las economías que se ha propuesto, un aumento en el cobro por la propiedad mueble e inmueble y un préstamo de $14 millones que solicitó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y para cuya aprobación tuvo que pedir auxilio al gobernador Luis Fortuño.

En una conferencia de prensa que duró casi dos horas, Meléndez, quien rechazó que haya esfuerzos concertados para que la dejen de llamar “Mayita” ahora que es alcaldesa, presentó un cuadro devastador de las arcas municipales que heredó.

Lo primero que destacó es que el superávit de $32.8 millones que refleja el estado financiero del año fiscal 2006-07 pasó a un déficit de medio millón de dólares, según un informe preliminar de ingresos y gastos del año fiscal 2007-08.

A esto añadió que la nómina, que suma $4.3 millones mensuales, la paga con un adelanto de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

La alcaldesa indicó que trabaja con un sobregiro de $6 millones en la cuenta operacional, las deudas a los suplidores ascienden a $5 millones y a las agencias gubernamentales suman otros $7 millones.

Meléndez puntualizó que el margen prestatario para obras de mejoras y el pago de deuda operacional es cero.

Por otro lado, el municipio tiene $4.5 millones en deudas por cobrar a las agencias del Gobierno.

Esa crisis fiscal del municipio, según explicó, se debe a que durante los pasados años se proyectaron más ingresos de los que es la norma en el recaudo en contribuciones sobre la propiedad, patentes y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal. Esa diferencia en ingresos es de $25 millones durante el presente año fiscal.

Meléndez, criticada por gastar cerca de $100,000 en su actividad de juramentación, estableció un plan de economías que incluye la cancelación de contratos, la paralización del proyecto del Acuario, el ahorro de energía, la consolidación de dependencias y la compra de autos híbridos al momento de aumentar la flota municipal, que actualmente es de 382 vehículos. Además, irá tras los evasores contributivos.

Fuente: El Nuevo Dia